Precisamente de producción pero sobre todo de distribución es de lo que se ha hablado en la primera mesa redonda del día, la cual ha reunido al director general de la cooperativa valenciana Anecoop, Joan Mir Piqueras, al director de promoción y ventas de Edeka, Francisco M. Contreras Morales y al presidente del Foro Interalimentario (Asociación de empresas agroalimentarias interproveedoras de Mercadota), siendo una de las mesas e intervenciones que más debate ha generado entre los presentes.
Concretamente, y ante la petición de uno de los congresistas que pedía a las empresas distribuidoras mejores precios en origen para los productores y reducir el desfase con los valores en origen, el director de Anecoop, en representación de los propios productores, ha incidido que son ellos mismos quienes deben “abandonar batallas internas” y dar el salto cualitativo para hacerse fuertes en el mercado, una afirmación apoyada por el propio presidente de FAECA, Jerónimo Molina Herrera, quien también ha intervenido para resaltar que el desequilibrio de la cadena no se debe a que se haya organizado la distribución sino a que no lo hayan hecho las cooperativas.
A continuación, tras un breve descanso, la directora general de Economía Social, Susana Radío Postigo, ha señalado la internacionalización como estrategia clave para la sostenibilidad de las empresas agroalimentarias. Asimismo, ha añadido la necesidad de mejorar las explotaciones e invertir en I+D+i para ser más eficientes, unas cuestiones que, según ha manifestado, sólo pueden ser afrontadas de forma asociativa.
Posteriormente, el catedrático de Economía Aplicada y presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro García, ha sido el encargado de cerrar la sesión matinal con una intervención sobre crisis económica, instituciones y cambios alimentarios. En su opinión, la crisis económica española se ha debido a una falta de adaptación a la globalización de la economía y sólo puede ser abordada desde la perspectiva institucional. Además, ha asegurado que se trata de un proceso irreversible, al que sólo se puede hacer frente mediante la competitividad de las empresas y que debe ser el Estado el que facilite los instrumentos necesarios.