Técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, encabezados por su presidente, Francisco J. Bernal, se han reunido con la directora general de Ayudas Directas y Mercados, Ángeles Arquero, así como con el subdirector, Juan José Soler, y el delegado territorial de Agricultura, Manuel García, para trasladar la problemática de la actual campaña de la PAC, la cual han calificado de “insostenible”.
En su opinión, la dilación con la que la Administración está facilitando la información, los medios y la normativa, impiden a los técnicos tramitadores trabajar con garantías y asegurar a agricultores y ganaderos el servicio de calidad que sitúa a la organización como entidad reconocida líder en la provincia.
Los distintos puestos de captura han tenido que afrontar numerosas trabas e inconvenientes desde el principio de campaña. A pesar de que se inició el 1 de febrero, a principios de abril, todavía estaban pendientes de publicación la apertura de plazos para realizar las alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Gestión de Parcelas (SIGPAC) o solicitar las ayudas agroambientales, las cuales no han podido comenzar a tramitarse hasta el mismo día de hoy. Igualmente, hasta el 1 de abril no se inició el plazo para presentar alegaciones a los derechos de pago básico, pendientes desde la campaña pasada, y de los que dependerán las ayudas directas de los perceptores hasta 2020.
Por lo tanto, a estas alturas, los técnicos tramitadores no sólo están gestionando las solicitudes de ayudas de la campaña 2016, sino que se encuentran realizando comprobaciones y alegaciones a la asignación definitiva de derechos de pago básico, efectuando las alegaciones al SIGPAC -cuyo procedimiento regulador no se publicó hasta el día 8 de abril-, tramitando las cesiones de derechos de pago básico, contestando los trámites de audiencia relativos al ejercicio 2015, haciendo el seguimiento de los pagos del año pasado, gestionando ayudas a la apicultura o comprobando resoluciones pendientes de las ayudas agroambientales y a jóvenes agricultores de la campaña pasada.
Para toda esta carga de trabajo, el plazo inicialmente previsto, como en todas las campañas, abarcaba desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, que hace unas semanas se amplió hasta el 15 de mayo. A pesar de ello, y según ha manifestado Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla a la Dirección General de Ayudas Directas, debido al retraso en la publicación de las normativas reguladoras, los técnicos van a contar con apenas 20 días para efectuar todo el trabajo, recordando que, además, las herramientas informáticas básicas como el Delimitador Geográfico de Explotaciones (DGE) y el Portal de Solicitud Única (PSU), no han estado 100% operativas hasta el día de hoy.
En consecuencia, Francisco J. Bernal ha instado a la Administración, en nombre de la federación y muy especialmente de los técnicos tramitadores, que trabajen a nivel del Ministerio de Agricultura y éste, a su vez, de la Comisión Europea, para lograr una nueva ampliación hasta el 15 de junio, ya que de lo contrario aseguran que será “materialmente imposible gestionar con garantías el gran volumen de ayudas PAC, alegaciones y las cesiones de derechos que todavía quedan por hacer”.
Igualmente, han recordado la especial complejidad de estos trámites en una provincia con una gran diversidad agronómica, así como las 15.000 solicitudes que Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla registra, las cuales suponen prácticamente el 50% de todas las gestionadas en la provincia. Motivo éste, el de la gran responsabilidad encomendada a los técnicos, que justifica la enorme preocupación de la organización por la especialmente complicada campaña PAC que están viviendo.
Directora, subdirector y delegado, manifestaron su comprensión con la situación y su compromiso de colaboración con las cooperativas, comprometiéndose a reiterar al gobierno central la necesidad de insistir ante las instituciones europeas en la prórroga. Por su parte, los técnicos de las cooperativas sevillanas acordaron reunirse a finales de mes para valorar la situación, no descartando medidas de presión, como la derivación de agricultores y ganaderos a las oficinas comarcales y la Delegación Territorial, si la Administración no ofrece soluciones a tan delicada situación.
