El sector olivarero vuelve a salir a la calle. Los responsables de Asaja, Coag, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva se reunieron el viernes para planificar el que será el segundo calendario de movilizaciones y han acordado dar un paso más para llevar a cabo acciones más contundentes. La primera de ellas será el próximo día 30 de enero y el objetivo es paralizar la provincia de Jaén echándose a las principales vías de comunicación, eso sí, intentando causar el menor perjuicio a los ciudadanos.
La crisis de bajos precios en origen del aceite de oliva y la falta de medidas que permitan revertir esta situación, han hecho que las organizaciones agrarias, las cooperativas y los industriales vuelvan a convocar nuevas acciones de protesta en la calle. De ahí que el sector olivarero haga un llamamiento a la masiva participación de las movilizaciones previstas para el día 30, porque ahora más que nunca «necesitamos el apoyo de toda la sociedad». Recuerdan que el precio del aceite comenzó a caer desde marzo del año 2018, tras una situación de lluvias inusuales y que, desde entonces, no ha remontado. Los márgenes de rentabilidad están muy comprometidos ya que, según diferentes informes de organismos nacionales e internacionales, por debajo de los 2,70 euros no es rentable el cultivo, especialmente el olivar tradicional, mayoritario en la provincia.
El sector olivarero unido quiere poner freno a esta tendencia a la baja de los precios del aceite de oliva y que las administraciones pongan en marcha, de una vez por todas, los mecanismos legales que se encuentran a su alcance para conseguir una estabilidad en los mercados. Entre ellos, la actualización de los precios de desencadenamiento del almacenamiento privado; la puesta en marcha de la extensión de norma a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva, en la que está todo el sector, una eficaz medida de autorregulación que supondría una revolución al hacer obligatoria la retirada de aceite de oliva en campañas excedentarias a favor de campañas deficitarias; la lucha y prohibición de la venta a pérdidas; y la adecuación de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre otras medidas.
