La Agenda 2030, que nace de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, contempla la igualdad de oportunidades entre géneros como una realidad enriquecedora para las sociedades, removiendo obstáculos que dificulten facilitar la participación igualitaria.
Con esta premisa, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía está ejecutando un proyecto por el que se han elaborado 12 códigos de buenas prácticas en igualdad en una docena de cooperativas andaluzas. El objetivo es conseguir mejoras en materia de igualdad, por parte de las cooperativas agroalimentarias, que les permita detectar, implantar y hacer un seguimiento de medidas y mecanismos encaminados a llevar a cabo una buena praxis en lo relativo a la igualdad y equilibrio de género.
Esta iniciativa, bajo el título “Elaboración de Códigos de Buenas Prácticas en Igualdad”, que se enmarca en la Línea 3 para el Fomento del Emprendimiento social y que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, surge ante la necesidad de promover una mayor presencia de las mujeres en el modelo cooperativo, así como para introducir objetivos concretos que promuevan una política de atracción de personal, selección y promoción igualitaria.
Los datos
Según los últimos datos del OSCAE, referentes al año 2021, el porcentaje de mujeres que trabajan en las cooperativas es un 51,51%. Sin embargo, las diferencias se acentúan si se analizan los porcentajes de participación de mujeres y hombres sobre el total de cada puesto. En este caso, las mujeres solamente representan el 15,84% del total de los cargos directivos, el 29,41% de los mandos intermedios y el 31,86% de los puestos técnicos.
Otro dato de interés que se puede extraer del OSCAE es que, a pesar de que la presencia de las mujeres en la base social de las cooperativas agroalimentarias federadas alcanza un 32%, la participación en sus consejos rectores sólo es de un 7,17%.
Por tanto, con la puesta en marcha de códigos de buenas prácticas -que son guías personalizadas que definen las actuaciones a desarrollar por una entidad en el área de igualdad de oportunidades tras realizar un diagnóstico-, la federación regional pretende “convertir a las cooperativas participantes en agentes impulsores de cambio, generando una conciencia social entre el resto de cooperativas que ayude a visibilizar la necesidad de que se apliquen políticas de igualdad en diferentes áreas como las de selección del personal, promoción y formación, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para una mayor sostenibilidad y crecimiento de las cooperativas”, señala la responsable del área de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Amparo Martín Fernández.
En total, son 12 las cooperativas que ya han elaborado códigos de buenas prácticas en materia de igualdad y que, por tanto, están adoptando medidas concretas para mejorar su competitividad, dejando aflorar el talento sin sesgo de género y facilitando el acceso de las mujeres a puestos de trabajo de mayor y menor responsabilidad en equidad de oportunidades. Se trata de las cooperativas Costafruit SCA y SAT Pisaica de la Virgen, de Almería; SCA San Patricio de Conil, de Cádiz; SCA Ntra. Sra. de la Consolación, SCA Ntra. Sra. Guadalupe y SCA Ntra. Sra. Araceli, de Córdoba; SCA Agrícola los Tajos, de Granada; SCA Campo de Paterna, de Huelva; SCA Ciudad de Jaén y SCA Domingo Solís, de Jaén; SCA Santa Teresa de Jesús y SCA Agro-Olivarera de Riogordo, de Málaga.
Previamente a la elaboración de dichos códigos, se ha realizado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que ha permitido detectar aquellos aspectos o ámbitos en los que hay margen de mejora en materia de igualdad de las empresas participantes. Además, se ha organizado un seminario formativo donde han participado los técnicos/técnicas responsables de la elaboración de los códigos.
Estos códigos de buenas prácticas ahondan en cuestiones como las condiciones de trabajo, la selección y contratación de nuevos empleados/empleadas, la formación, la conciliación profesional-personal y familiar, la clasificación y promoción profesional, las retribuciones o la prevención del acoso laboral, sexual o por cuestiones de género.