Federación, Frutas y hortalizas, Olivar
En la mañana de hoy, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha celebrado el webinar ‘Aplicación de la Ley de la Cadena en las Cooperativas’, con participación de representantes políticos en el Congreso de los Diputados y el Senado, así como de máximos responsables de entidades cooperativas y un centenar de personas inscritas. En el acto de inauguración, han intervenido el presidente de la federación, Juan Rafael Leal Rubio, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo Díaz.
En su discurso, Juan Rafael Leal ha manifestado que desde Cooperativas Agro-alimentarias y, “en concreto, este presidente, no estamos en contra de la reforma de la ley”. “¿Cómo podríamos estar en contra de una ley que va en nuestro beneficio, en el de los agricultores y ganaderos, habiendo sido promotores de la Ley de 2013 para recortar las distancias entre los distintos eslabones”.
El presidente ha recalcado que las cooperativas “son las primeras defensoras de la norma y de vender siempre por encima de costes (…) pero la ley, tal y como está planteada, no se puede aplicar con garantías de éxito y genera muchas incertidumbres, por lo que el Consejo Rector de la federación ha aprobado encargar a un despacho de abogados el estudio de su validez jurídica”.
En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien ha calificado el proyecto de ley, así como la obligatoriedad de vender por encima de costes, establecida en el Real Decreto-Ley 5/2020, de “impracticable”. La titular del ramo ha pedido “regular bien estas cuestiones, para no generar disfunciones y conseguir lo contrario a lo pretendido”.
En su opinión, hay que poner el foco en otros aspectos como son revisar los acuerdos con países terceros; vigilar el cumplimiento de los contingentes; primar la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria; dotar al sector de mecanismos de mercado ambiciosos; actualizar los precios de retirada en frutas y hortalizas y los valores para el almacenamiento privado de aceite de oliva; e incluir a la distribución en las interprofesionales del sector, “en donde no pueden faltar”.
A continuación, ha tenido lugar la mesa redonda ‘Análisis de la norma. Aspectos clave’, en la que han debatido el portavoz de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva Betanzos (PSOE), y las diputadas y portavoces de la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos Ortega (PP) y Carmen Martínez Granados (Cs).
El senador Amaro Huelva ha explicado que era preciso reformar la Ley 12/2013 para adaptarla a la Directiva (UE) 2019/633, relativa a prácticas comerciales desleales, y que paralelamente “se ha pretendido cumplir un triple objetivo que es dotar de más transparencia a la cadena, equilibrar las relaciones entre los distintos eslabones, protegiendo al más débil, y lograr un entendimiento y espíritu de colaboración leal entre ellos”. Para ello, ha indicado que el proyecto amplía el catálogo de prácticas abusivas y los supuestos en los que hay que suscribir los contratos, haciéndolos extensibles a la compraventa con operadores de países comunitarios y terceros.
Al respecto, la diputada Milagros Marcos ha opinado que lo que se está consiguiendo con ello es “echar de los mercados al producto español” y ha añadido que, a fecha de hoy, “no se sabe cuáles son los criterios para establecer esos costes de producción ni quién los determina”, pese a ser uno de los artículos ya en vigor (artículo 12 ter.) por aplicación del Real Decreto-Ley 5/2020.
Por su parte, Carmen Martínez ha agregado que lo que hay que hacer es “aliviar los costes del sector productor para que pueda tener más margen y más poder negociador en la cadena, (…) y que una anomalía de la ley es, precisamente, que fomenta la competencia desleal”.
El análisis iniciado por los políticos ha continuado en la siguiente mesa redonda con los presidentes de Covap y Dcoop, Ricardo Delgado Vizcaíno y Antonio Luque Luque, respectivamente, y el director general de Unica Group, Enrique de los Ríos Porras. Bajo el título ‘Del papel al campo. Visión cooperativa’, los representantes de las principales entidades andaluzas han coincidido en que las cooperativas son las primeras defensoras del sector productor y, desde su conocimiento y experiencia, el Congreso de los Diputados debe modificar el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena, a fin de no generar males mayores.
“Donde está el caballo de batalla es en el coste efectivo de producción”, ha dicho Ricardo Delgado Vizcaíno. “Es una tremenda indefinición y genera incertidumbre e inseguridad jurídica”, ha añadido el presidente de la principal cooperativa ganadera de Andalucía.
“En nuestro grupo hay miles de agricultores y olivicultores cuyos costes varían entre 1 euro el kilo de aceite y cerca de los 3 euros”, ha explicado Antonio Luque. “¿Qué hacemos? ¿A qué precio de coste vendemos? Aplicarla nos genera graves problemas internos”. En consecuencia, el presidente del grupo cooperativo multisectorial ha advertido de que esta ley puede causar una mayor atomización de las cooperativas y, por tanto, del sector productor.
Enrique de los Ríos ha completado el análisis defendiendo que de lo que se tendría que hablar es de “rentabilidad plurianual sostenida” y que no vender, por no poder hacerlo por encima de costes, lo que provoca es “abrir la puerta a los competidores”. “Como empleados de los agricultores que somos nos guiamos por el principio de utilidad y esta ley no nos vale”. “Una ley ideal sería la que bloqueara la competencia desleal y los abusos”, ha concluido el director general del principal grupo comercializador de hortícolas.
El punto y final al webinar lo ha puesto la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro, que ha lamentado la poca participación que se ha dado a las comunidades autónomas en la redacción del proyecto de ley y se ha comprometido a seguir trabajando para conseguir su modificación en el trámite parlamentario.
Federación, Olivar
La Diputación de Granada, a través de su plataforma de apoyo a emprendedores y empresas `Granada Empresas´ (https://www.granadaempresas.es/), celebrarán el Webinar «Las empresas agroalimentarias de Granada ante la crisis, casos de éxito» el jueves, 3 de diciembre, a las 17 horas, con la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada.
Las empresas agroalimentarias se han enfrentado en los últimos meses a retos muy importantes para seguir cumpliendo con su misión: abastecer de productos esenciales a la ciudadanía a pesar de las restricciones que ha impuesto la crisis sanitaria. En Granada las empresas agroalimentarias han reaccionado aportando su talento, compromiso e ilusión, y reinventándose en muchos casos, para abastecer los mercados y mantener su actividad con todas las garantías de seguridad a pesar de las dificultades.
En este webinar, moderado por Gustavo Ródenas, director de la Federación provincial, se compartirán cuatro experiencias de éxito al afrontar las restricciones que impone la pandemia y conseguir una comercialización eficaz de los productos agrarios: la de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), las cooperativas hortofrutícolas Cooperativa La Palma (Carchuna) y Centro Sur (Huétor Tájar), además de la cooperativa oleícola San Sebastián (Benalúa de las Villas).
Almería, Granada
Los representantes de Coooperativas Agro-alimentarias, ASAJA, COAG, COEXPHAL, UPA, y ECOHAL de Almería y Granada han decidido, tras una reunión por videoconferencia, la retirada del 30% de la producción comercializable de pepino para intentar frenar la crisis de precios que está sufriendo este producto desde hacer varias semanas.
Asimismo, los representantes de las organizaciones del sector de la producción y comercialización denuncian la falta de protección de las producciones españolas y europeas, respecto a la competencia desleal de producciones de terceros países ante la pasividad de las autoridades europeas en este conflicto de intereses.
La pasada semana, las organizaciones agrarias y comercializadoras de Granada y Almería retiraron 2.340.000 kilos de pepino con la perspectiva de que, si no había mejora, las medidas podrían endurecerse para lograr una estabilización del mercado con sus propios medios, ya que las altas temperaturas -que están incidiendo en una superproducción en toda Europa- no parece que bajen hasta la última semana de noviembre.
Asimismo, los representantes de las organizaciones del sector de la producción y comercialización solicitarán también a las autoridades regionales y nacionales que defiendan nuestras producciones de la competencia desleal de países terceros ante la pasividad de las autoridades europeas en este conflicto de intereses.
Los representantes provinciales de Cooperativas Agro-Alimentarias, ASAJA, COAG, UPA, COEXPHAL y ECOHAL de Granada y Almería han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de un control de los acuerdos con terceros países como Marruecos y la mayor transparencia posible sobre importaciones, cupos y lo que se está controlando en las fronteras.
Finalmente, el sector insiste en que hay que mejorar los mecanismos de retiradas para que estos lleguen al conjunto del sector, otra de las reivindicaciones que se llevaban hace un año y sobre la que no se avanza, a pesar de que resulta imprescindible, dada la situación.
A finales del año pasado, el sector hortofrutícola se echó a las calles para reclamar cuatro puntos vitales para su supervivencia: sensibilizar a las administraciones de la crisis estructural que atraviesan, acabar con la competencia desleal de terceros países, establecer un fondo paralelo y específico para gestión de crisis para todo el sector hortofrutícola y diseñar con carácter de urgencia, mecanismos a través de reglamentación europea, para evitar imposiciones comerciales de las cadenas de distribución/supermercados. Cuatro reivindicaciones que, a día de hoy y a un año de aquellas masivas protestas, están totalmente incumplidas.
Federación
Después de días de seguimiento de la crisis de rentabilidad que afecta al pepino, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, junto a ECOHAL, han mantenido encuentro para buscar soluciones inmediatas a los precios en origen ruinosos que están poniendo al límite a miles de explotaciones agrícolas en las provincias de Granada y Almería.
Las altas temperaturas han provocado un aumento sustancial de la producción de pepino, que unido al cierre del canal HORECA y otras problemáticas de mercado, han motivado la caída de la demanda y, por tanto, de las cotizaciones en el momento más álgido de la campaña. “El agricultor está percibiendo 15 céntimos/kilo, mientras que el coste de producción supera los 35 céntimos/kilo y al consumidor le cuesta más de 2,15 euros/kilo”, señalan las organizaciones agrarias. Con estas cifras, los agricultores afrontan a diario graves pérdidas y acumulan un fuerte endeudamiento desde el inicio de la campaña.
Frente a esta situación, estas organizaciones proponen realizar una retirada de producto ordenada y acordada por el sector en su conjunto, con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda del mercado de manera eficaz. La medida se llevaría a cabo en el momento de la entrada del producto a cooperativas y alhóndigas, con la mayor transparencia para los agricultores.
“Trabajamos desde la unidad de acción por la rentabilidad de nuestras explotaciones, queremos precios justos y sostenibles para nuestros agricultores. Un menor volumen de producto puede revertir esta crisis y propiciar una recuperación del mercado tan necesaria”, destacan las organizaciones, quienes subrayan la necesidad de instrumentos eficaces para combatir estos desplomes periódicos en las cotizaciones de pepino y otros productos hortofrutícolas, especialmente en momentos críticos como el actual debido a la crisis del Covid.
Las organizaciones trasladarán a la Administración la gravedad de esta situación que atraviesan los agricultores granadinos y almerienses, solicitando apoyo económico y logístico para realizar las retiradas de manera eficaz, además de pedir su implicación para corregir la inoperancia de las medidas de gestión de crisis previstas en la normativa europea.
En paralelo, los representantes del sector agrario granadino denuncian la diferencia abismal entre los precios que percibe el agricultor de pepino y lo que paga el consumidor por esta hortaliza en los lineales de compra (2,15 euros/kilo). En muchos casos, este diferencial supera el 1.400%, resultando totalmente abusivo. Una vez más, el sector reivindica mayor control y sanciones contra las prácticas especulativas realizadas por la gran distribución que pueden acabar con el tejido productivo de nuestra provincia. También exige a las Administraciones competentes que controlen la masiva entrada de producto de terceros países, especialmente Marruecos, sin cumplir los protocolos establecidos con estos países en las condiciones de cupo y de precio. “Es una irresponsabilidad mayúscula que año tras año venimos sufriendo, mientras que las administraciones miran para otro lado”, denuncian los representantes. El sector también exige un mayor control de las empresas que importan producto de terceros países, etiquetándolo para su comercialización con origen nacional.
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, ASAJA, COAG, UPA y ECOHAL están manteniendo los contactos oportunos con las organizaciones almerienses para llegar a un acuerdo conjunto de ambas provincias que permita realizar la retirada de producto de manera ordenada y conseguir el efecto deseado en el mercado.
