Granada
Un total de 15 cooperativas granadinas de la Vega y el Poniente han comenzado la campaña de verdeo del espárrago verde, que se desarrolla entre los meses de septiembre y octubre. Se trata de una nueva campaña (tras la tradicional que va de marzo a junio) que mantiene la calidad del producto aunque presenta ligeras diferencias como un color verde algo menos intenso.
En estos días, las fruterías y los lineales de los supermercados ya ofrecen este producto, cuya recogida y manipulación supone actividad y empleo en las cooperativas granadinas tras el descenso de actividad del verano.
En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada recomienda adquirir y consumir espárrago verde de “origen Granada” (presente en el etiquetado) como garantía de extraordinaria calidad. Además, la compra de este producto contribuye a sostener las cooperativas del sector, generar riqueza y empleo en los municipios, y en consecuencia, favorecer el crecimiento de la economía de la provincia.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Granada han recordado que el 80% del espárrago verde que se recoge en la provincia procede de cooperativas y que la provincia acapara el 70% de la producción nacional de espárrago verde.
2023
El día 14 de septiembre, se va a celebrar la jornada final del proyecto Celegand en Pozoblanco, donde se van a presentar los resultados para determinar cuáles son las variedades de cereales y leguminosas más adecuadas para producir partidas homogéneas de ensilado, heno y piensos para alimentación animal en relación a parámetros de calidad nutricional y su adaptación al cambio climático y climatología de Andalucía.
Programa
Granada, Olivar
Un informe elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias de Granada ha concluido que la pérdida de producción en el sector del aceite superará el 51% en la provincia para la campaña 2023/2024. La producción alcanzará las 56.500 toneladas de aceite, un 51,5% menos que la media de las últimas cinco campañas (116.570 tn), tal y como ha informado el director de la federación provincial, Gustavo Ródenas.
Un informe elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias de Granada ha concluido que la pérdida de producción en el sector del aceite superará el 51% en la provincia granadina para la campaña 2023/2024.
Según estas previsiones, la producción alcanzará las 56.500 toneladas de aceite en la provincia, un 51,5% menos que la media de las últimas cinco campañas en Granada (116.570 tn), tal y como ha informado el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Gustavo Ródenas, que ha insistido en la gravedad de la situación para el conjunto del sector.
Ródenas, que ha recordado que el sector cooperativo de Granada supone un 70% de toda la producción provincial, ha avanzado que las cooperativas sufrirán una pérdida de producción de 42.000 tn de aceite en la próxima campaña con respecto a la media de las últimas cinco campañas.
Además, ha explicado, si se toma como referencia el precio medio del aceite de este año (5,85 euros/kg, según datos de la Junta de Andalucía), la estimación apunta a unas pérdidas económicas de 351,4 millones de euros en la provincia, de los que 246 millones corresponden al sector cooperativo.
Estas previsiones también tendrán su reflejo en el empleo generado en el sector, según el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, que ha afirmado que se prevé una pérdida de 526.500 jornales en la campaña 2023/2024 con respecto a una campaña media, incluyendo 24.500 jornales que corresponden al sector industrial (17.000 en almazaras cooperativas). En total, la reducción de jornales supondrá una pérdida de 31,6 millones de euros, que dejarán de percibir los jornaleros o trabajadores del campo.
Valoración
“La provincia de Granada va a ser una de las más perjudicadas porque nuestro olivar es tradicional y de secano, y especialmente, las comarcas de Los Montes y el Altiplano van a sufrir en mayor medida los efectos de la sequía”, ha afirmado Gustavo Ródenas, que ha asegurado que Cooperativas Agro-alimentarias “está trabajando, en coordinación con el resto de administraciones, para abordar esta situación y prestar apoyo a los agricultores granadinos”.
Córdoba
Más de 6.000 agricultores, ganaderos y cooperativistas de toda Andalucía se han sumado esta mañana al acto de protesta convocado por ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en la Puerta del Puente de Córdoba. Hasta allí han llevado el malestar de todo el campo español, aprovechando la celebración de la reunión de ministros de Agricultura europeos, que desde el pasado domingo se ha venido celebrando en Córdoba dentro del marco de la presidencia española de la Unión Europea este semestre.
Bajo el lema “Los agricultores y ganaderos, hartos de los ataques al sector”, el campo ha dejado claro su rechazo al menosprecio que se viene haciendo desde Bruselas y a la desidia y entrega a ciertos lobbies que actúan contra el mundo rural.
Con esta multitudinaria protesta, que puede ser sólo la primera de otras movilizaciones si no cambia el rumbo que ha tomado la política agraria europea, el sector agrario, representado por las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, ha exigido la defensa del modelo social y profesional de agricultura, amenazado por las políticas de la UE, así como soluciones políticas coherentes en materia de cambio climático y seguridad alimentaria, y como respuesta al debilitamiento de la agricultura y la ganadería andaluzas a consecuencia del encarecimiento de los costes de producción, la sequía, la falta de rentabilidad y la creciente competencia desleal de terceros países. Una suma de factores que pone en jaque la soberanía alimentaria de la agricultura andaluza y el futuro de la principal región agraria española.
El campo andaluz ha aprovechado la celebración en Córdoba de la reunión de los ministros de Agricultura europeos, que han contado con la asistencia del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, y dentro del marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, para reclamar un cambio en los planteamientos comunitarios que permita proteger el tejido productivo andaluz -y el europeo-, así como la seguridad alimentaria del conjunto de la ciudadanía.
El sector agroalimentario andaluz acumula dos años de estrechos márgenes como consecuencia del encarecimiento de los inputs, que se ha visto agravado por la guerra en Ucrania. El incremento del precio de fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, gasoil o electricidad, entre otros inputs, provocó un aumento de los costes de producción superior al 35% en 2022, según datos de Eurostat. Si bien este ascenso se tradujo en un incremento del valor de los alimentos en su origen (por encima del 25%), la realidad es que agricultores, ganaderos e industrias cooperativas continúan trabajandoen una situación ruinosa, que ha empujado a muchos de ellos a abandonar sus actividades productivas.
Por otro lado, la sequía persistente desde el año 2017 está provocando una caída de la productividad del campo andaluz ante la ausencia de una política hidrológica adecuada a la situación climática.
La pérdida de cosecha por la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas es especialmente preocupante en sectores como el aceite de oliva, que en un solo ejercicio llegó a disminuir su producción en un 49% -al pasar de los 1.151 millones de toneladas molturados en la campaña 2021-2022 a las 587.000 toneladas, en la 2022-2023-. O en sectores como el de los cereales, en el que se estima una pérdida del 52% de la cosecha, y la ganadería, donde se han disparado especialmente los costes de producción ante la falta de pastos para alimentar a los animales y el encarecimiento de las materias primas por el conflicto bélico.
En este contexto, mientras el sector productor busca la fórmula para mantener la rentabilidad de sus explotaciones, agricultores, ganaderos e industrias cooperativas asisten indefensos a una entrada indiscriminada de alimentos procedentes de países terceros, con normativas medioambientales y laborales más laxas a las que están sujetos los productores europeos. Una llegada de productos que viene, además acompañada de sucesivas alertas sanitarias, encontrándose ya en el canal de comercialización alimentos que no cumplen las normas de seguridad europeas y que son consumidos inevitablemente por la población debido a unos sistemas de control deficitarios.
Por ello, el campo andaluz ha reclamado a los ministros europeos de Agricultura las mismas exigencias para producciones europeas y para las de terceros países. En concreto, ha demandado a los representantes que sean coherentes con sus normas del juego e intensifiquen los controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos producidos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están sometidos agricultores, ganaderos y cooperativistas comunitarios, requisitos que, sin embargo, son totalmente etéreos en un mercado globalizado, señalan las organizaciones convocantes.
Asimismo, han recordado que la inestabilidad en la que se encuentra el sector agroalimentario andaluz se ve agravada con el nuevo marco normativo de la Política Agraria Común (PAC), forzando un proceso de desestructuración para el que el sistema agrícola no está preparado. Así, las teorías verdes de la ‘De la granja a la mesa’ o la reducción de fitosanitarios y materias activas priman sobre los criterios productivos. Se trata de unas políticas que se aprobaron a espaldas de la principal región productora del territorio español, restando, de esta forma, recursos económicos al campo andaluz, e incrementando la burocracia -en contra de las demandas del sector-, lo que ha supuesto un mayor coste económico y emocional para agricultores y ganaderos.
Ante esta realidad, las organizaciones agrarias y las cooperativas lamentan también que la ausencia de una política hidrológica nacional con criterios técnicos y dotada de presupuesto suficiente para modernizar la red de suministro ponga en jaque un sector que aporta cerca del 10% del Producto Interior Bruto del país.
Por todo ello, y ante la situación de desamparo del campo andaluz, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han reclamado esta mañana a los mandatarios europeos un viraje en las políticas agrarias y han exigido que la alimentación, procurada por nuestro sistema productivo, construido sobre la seguridad y la calidad, se convierta en una cuestión de máxima prioridad para la Unión Europea. La protesta de hoy en Córdoba ha finalizado con el compromiso de continuar las acciones reivindicativas si no se aprecian cambios en la política de Bruselas.
Jaén, Olivar
Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén prevé que el sector productor de la provincia ingrese la próxima campaña olivarera 1.000 millones de euros menos que en una temporada de producción normal.
El presidentede la organización, José Manuel Espejo, fundamenta el pronóstico en la escasa cosecha estimada por la persistencia de la sequía. Espejo aclara que, hasta ahora, no se habían producido dos cosechas bajas consecutivas, lo que agrava la situación del sector que, por segundo año seguido, perderá renta por la falta de precipitaciones, lo que repercute también en el empleo agrario.
En este sentido, el presidente de Cooperativas pronostica la pérdida de 150 millones de euros en jornales. La relación directa de la economía de los municipios de Jaén con la producción oleícola explica la preocupación de la organización que, para combatir el problema, impulsa acuerdos entre cooperativas al objeto de reducir costes en una situación excepcional.
Al respecto, Espejo resalta la petición realizada a tres administraciones publicas (Gobierno, Junta y Diputación) con una doble finalidad: proteger el empleo y evitar el éxodo de los jóvenes vinculados a la actividad agrícola.
“Al reducirse el número de jornales en la campaña por segundo año consecutivo corremos el riesgo de que los jóvenes abandonen Jaén para trabajar en otros sectores”, alerta el presidente de Cooperativas, quien les pide a ellos y al conjunto del sector que participen en la manifestación convocada para el 5 de septiembre en Córdoba.
En ella, los asistentes exigirán a los ministros europeos la modificación de las normativas actuales “tan lesivas para el sector agrícola y ganadero”.
