Jaén, Suministros
El sector agrario ha vuelto a demostrar su fuerza con la celebración de seis tractoradas, de forma simultánea, en Jaén capital, Andújar, Alcalá la Real, Úbeda, Villanueva del Arzobispo y Puente de Génave. Una movilización en la que han participado un millar de tractores que han recorrido las principales calles de estos municipios con el principal objetivo el de protestar ante el desorbitado incremento de los costes de producción, especialmente inasumible en el gasóleo agrícola.
La tabla consensuada por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas exige la intervención de los mercados eléctricos y los carburantes para impedir prácticas abusivas de las grandes corporaciones que están detrás del inasumible incremento en los costes de producción. Igualmente, se insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que inicie una investigación para determinar si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia. También reclamamos ayudas directas a agricultores y ganaderos para mitigar el incremento del precio de los hidrocarburos; así como una subida del IVA compensatorio para la agricultura y la ganadería del 12 al 18%.
Al finalizar la tractorada en Jaén capital, los representantes de ASAJA (Luis Carlos Valero), COAG (Juan Luis Ávila), UPA (Cristóbal Cano) y Cooperativas Agro-alimentarias (Higinio Castellano), han entrado en la Subdelegación del Gobierno para registrar la tabla reivindicativa que ha marcado las peticiones del sector agrario jiennense. Medidas para paliar este aumento de costes que está haciendo inviable la vida diaria de numerosas explotaciones agrarias y ganaderas en la provincia.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Higinio Castellano, ha advertido de la problemática situación del sector por el incremento del precio de los carburantes y de la energía eléctrica. Castellano ha exigido al Gobierno de España medidas fiscales para paliar la crisis y ha calificado de dramática la situación del productores y consumidores.
Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA Jaén ha afirmado: «Lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es una auténtica declaración de guerra a la provincia de Jaén. Parece mentira que en esta provincia, tradicionalmente votante del PSOE, la hayan tomado y embistan, como están embistiendo, con un montón de ministerios en contra de los intereses de Jaén, en especial, y de Andalucía en general. Es inadmisible lo que ha hecho con la nueva PAC porque Andalucía perderá 500 millones de euros y en Jaén se marcharán unos 100 millones. Además exigimos que bajen los impuestos a los carburantes ya que es el Estado el principal beneficiario».
Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, ha dicho: «No nos gusta dejar nuestras explotaciones y tener que venir a manifestarnos para denunciar el inasumible aumento de los costes de producción tan importantes como el gasóleo agrícola, que se ha multiplicado el doble. Es incomprensible que las grandes corporaciones energéticas puedan mandar más que un Gobierno. Por eso se tiene que intervenir el mercado, para poner sensatez, e instamos a que se abra una investigación de oficio para comprobar si hay un presunto cártel de los carburantes. Y también reclamamos ayudas directas que lleguen a los agricultores y ganaderos para paliar, en parte, esta grave crisis de costes de producción».
Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Jaén, ha expuesto: «En un escenario de inflación y de carestía mundial de alimentos, la PAC que promueve el ministro Luis Planas, con reducción de la producción de alimentos en España y en Europa, va en contra de lo que se está haciendo en el resto del mundo. Tenemos que paralizar la aplicación de la reforma en 2023. No podemos seguir permitiendo que los lobbies de poder en Bruselas sigan con su modelo de importación masiva de alimentos de dudosa calidad haciéndonos dependientes de países terceros. En un escenario de guerra y de pandemia ellos seguirán comiendo pero el resto se puede enfrentar a una falta de alimentos de excesiva dureza.
Federación
El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, lamenta que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico de Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023. La hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz.
El Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC. El consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales. Como recuerdan las organizaciones firmantes, el titular de Agricultura no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña.
Los representantes del agro andaluz critican la hipocresía de Luis Planas al asegurar que el Plan Estratégico de España es “muy equilibrado” cuando en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado por activa y por pasiva. Si bien, los datos manejados desde Andalucía señalan claramente que las medidas propuestas por el Ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades.
Como recuerdan las organizaciones firmantes, el Plan Estratégico de Luis Planas perjudica gravemente al actual sistema agroalimentario andaluz. Primero, porque penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas. Esta discriminación se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío.
En segundo lugar, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas. Por ello, las organizaciones esperan que la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde.
Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas será dramático para los agricultores y los ganaderos andaluces, que en la actual crisis provocada por el incremento de los costes de producción se aferran a la PAC como única vía para salvaguardar la rentabilidad de las explotaciones andaluzas. Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.
La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que como recuerdan el Plan Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor.
Para el campo andaluz la luz verde de Bruselas al Plan Estratégico de Luis Planas es la peor noticia que podían recibir los agricultores y los ganaderos de la comunidad, pues su aplicación se traducirá en unas pérdidas irreversibles. Con su modus operandi, el Ministerio de Agricultura, con el apoyo de la Comisión Europea, ha perpetrado un atentado contra la capacidad productiva, contra la viabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad y contra un sector que fija población y genera riqueza en el entorno rural.
Córdoba
Las organizaciones agrarias de Córdoba, Asaja, COAG y UPA han convocado, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, un acto de protesta para el próximo 27 de julio ante la difícil situación que atraviesa el campo cordobés. Tendrá lugar a las 10.30 horas en el Boulevard de Gran Capitán de la capital cordobesa donde se llevará a cabo una representación teatral por la muerte del sector agrario.
Así lo informaron hoy el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero; el secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, quienes han destacado que, en estos momentos, “existe una situación ruinosa” para todos los sectores productivos de Córdoba debido a los altos costes de los inputs necesarios para producir, la falta de mano de obra, mayores requisitos laborales, una reforma de la PAC que exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura ya la ganadería más productiva, la falta de reciprocidad con las importaciones y una ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector.
En su tabla reivindicativa, las organizaciones agrarias piden que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España y “apoyo firme al sector por parte de las administraciones, a todos los niveles”.
Entre otras acciones, añaden que deben ponerse en marcha las tarifas eléctricas competitivas, condonación de impuestos directos e IBI y los cánones de riego y rebajas del IVA, el adelanto de las subvenciones y la creación de líneas ayudas, ágiles y directas, el aplazamiento de deuda y acceso a financiación a largo plazo.
Asimismo, demandan un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria. Una Ley de Cadena Alimentaria que solucione los problemas de la agricultura y ganadería y que se cumpla la misma. También, la puesta en marcha del observatorio de precios y digitalización de los contratos obligatorios para dar transparencia a las operaciones de venta de productos agroganaderos.
Otra de las demandas es contratos temporales y adaptar la condición de fijo discontinuo a la realidad de la actividad agraria, de forma que este contrato sea beneficioso tanto para las empresas como para los trabajadores. Que se permita compatibilizar la percepción del subsidio agrario con la contratación para realizar tareas agrarias. Que se autorice la tramitación de contingentes de trabajadores extranjeros.
Por otro lado, consideran fundamental que se exija a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE. Igualdad de condiciones laborales y de uso de productos fitosanitarios con las producciones de terceros países y controles rigurosos en las fronteras.
REORIENTAR LA PAC
Otra de las peticiones que realizan es que “Bruselas reoriente la PAC hacía la producción de alimentos con el fin de que sea rentable para los productores y a precios razonables para los consumidores”, con criterios de sostenibilidad científicos y no basados en prejuicios ideológicos como contempla la actual propuesta de Reforma de la PAC. No puede olvidarse que la alimentación es la primera necesidad que tienen todos los consumidores europeos.
Solicitan que el Ministerio de Agricultura cambie sustancialmente sus propuestas de la Reforma de la PAC y que la Junta de Andalucía “mantenga firmeza en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces”. Exigen una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía, que reconozca la realidad, la diversidad y el potencial productivo del campo andaluz.
Finalmente, exponen las organizaciones que, “a pesar de que actualmente estamos en situación de sequía”, no puede olvidarse que, para tener una agricultura cordobesa más competitiva, debe autorizarse el incremento de los regadíos. También debe permitirse la construcción de balsas y microembalses y autorizar el llenado de las mismas con aguas de escorrentía invernales. Asimismo, debe garantizarse el agua para los ganaderos, permitiendo obras básicas de acumulación de aguas de escorrentía.
Federación, Olivar, Suministros
El sector agrario ha hecho esta mañana un llamamiento a la participación, el próximo viernes, 22 de julio, en las tractoradas organizadas en Jaén capital, Alcalá la Real, Andújar, Puente de Génave, Úbeda y Villanueva del Arzobispo. Una movilización que tiene como principal objetivo el de protestar ante el desorbitado incremento de los costes de producción, especialmente inasumible en el gasóleo agrícola y en la electricidad.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Higinio Castellano, ha asegurado que ni el sector ni la provincia “pueden aguantar más”, por lo que ha animado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones que se convocan el próximo 22 de julio en protesta por la situación derivada del incremento de los costes de producción. Castellano ha expresado que la sequía extrema es un factor añadido al incremento de los costes que empeora el estado de los agricultores de la primera provincia productora de aceite de oliva. La falta de lluvia incide negativamente en un sector castigado por el incremento de los costes de producción derivados del aumento del incremento del precio de la energía. Para Higinio Castellano el tope con que el Gobierno bonifica los carburantes es insuficiente y pide al Gobierno que aplique otras medidas fiscales que propicien la rentabilidad de la producción oleícola.
El gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero, ha explicado que ese es el motivo principal, aunque con la tractorada también se demanda una PAC más justa: “Parece mentira que el ministro de Agricultura fuera consejero andaluz, y conociendo nuestra agricultura y el olivar de Jaén, haya hecho este planteamiento que se va a aprobar en breve, donde las pérdidas van a ser cuantiosas en las comarcas que menos cobran –El Condado, Segura y Cazorla-, y desastrosas en la zona de La Loma, donde se van a aplanar estas ayudas y van a perder hasta un 50% de las mismas”. En este sentido, ha dejado claro que el sector no se va a conformar: “Este 22 de julio puede ser el inicio de más movilizaciones, porque si esto no se revierte vamos a tener que seguir en la calle y con la misma dureza que lo hicimos antes de la pandemia, porque hasta ahora no se ha resuelto nada. Todo lo contrario”.
El secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, ha indicado que “los ciudadanos tienen que entender que lo que ellos están pagando de más, nosotros no lo estamos percibiendo en nuestro bolsillo”, mientras que la industria y la distribución sí está repercutiendo su incremento de costes y no solo su aumento de costes sino también el de los agricultores”. Además, “ha pedido la paralización de la reforma de la PAC, que no empiece a aplicar en el 2023. No tiene sentido, en un escenario de escasez de alimentos, poner en marcha una reforma de la PAC que lo que pretende desde Bruselas y desde el Ministerio es fomentar la agricultura menos productiva”.
Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, ha afirmado que «es incomprensible que cuatro multinacionales puedan mandar más que un Gobierno. No hay correlación directa entre el precio del barril de petróleo y lo que pagamos por el gasóleo agrícola, que se ha multiplicado de 80 céntimos a 1,70 euros, y necesitamos para seguir produciendo alimentos. Por eso, instamos a que se intervengan los mercados, a que se abra una investigación por Competencia para dictaminar si se producen prácticas irregulares y también ayudas directas a agricultores y ganaderos que compensen, en parte, el incremento injustificado del precio del gasóleo. Unas ayudas para las que Bruselas abre la puerta a utilizar los fondos comunitarios no invertidos, plenamente justificadas, y que, ahora, la Junta de Andalucía tiene la obligación de ejecutar para no dejar pasar este tren».
Revista Tierra Cooperativa
Tierra Cooperativa 117
Segundo Trimestre 2022
