Más de 150 cooperativistas del sector agroalimentario han asistido esta mañana al webinar sobre la Reforma Laboral organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y en el que se han analizado las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre. La jornada, celebrada en formato online, ha intentado dar respuesta a las numerosas dudas y preocupaciones que asolan a los profesionales de la agricultura y de la ganadería andaluces tras la entrada en vigor de la normativa, que está aún pendiente de aprobación parlamentaria.
Jaime Martínez-Conradi Álamo, director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha destacado durante la inauguración del seminario “la inquietud existente en el sector por cómo será finalmente el desarrollo de la normativa”, así como el “recelo que produce la obligación de dar prioridad a los contratos fijos-discontinuos para la realización de trabajos de carácter estacional”. El director de la federación ha hecho referencia de este modo al hecho de que, pese a que la norma está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, no será hasta el 30 de marzo de este año cuando entre en vigor el nuevo marco de contratación.
José Agustín González Romo, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, quien ha participado en la apertura y clausura del seminario, ha aclarado que aún “pueden plantearse cambios en la normativa una vez que entre en trámite parlamentario” y ha indicado “que no es una reforma que se adapte a la situación concreta del campo”. “El sector primario tiene una condición intrínseca de temporalidad, lo cual no significa necesariamente precariedad, sino que son las propias circunstancias de la cosecha las que marcan esta situación”, ha apuntado.
Para analizar el fondo del Real Decreto-ley, así como su aplicación en la gestión laboral de la agricultura y la ganadería han intervenido Fernando Ruiz Linaza y Beatriz Prieto Panadero, socio y abogada senior del área laboral de Deloitte Legal. En su ponencia, los abogados laboralistas han insistido en que las medidas que incluye el Real Decreto pretenden corregir la temporalidad excesiva del mercado laboral español y que, a pesar de no ser específicas para el campo, sí existen los mecanismos para adaptarla al sector. El mayor cambio que se produce con la norma, han explicado, es la desaparición del contrato por obra o servicio, ya que la modalidad por defecto serán el contrato indefinido y el fijo discontinuo.
En cuanto al contrato de trabajo de duración determinada, sólo podrá adoptarse por circunstancias de la producción o por sustitución de una persona trabajadora. En el caso de las campañas agrícolas, por ejemplo, ha explicado que las causas imprevisibles contarán con una duración máxima de seis meses, mientras que las previsibles no podrán exceder de 90 días anuales. Dichas causas previsibles no podrán ser utilizadas de manera continuada, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de estos días. Además, en el último trimestre de cada año, las empresas deberán trasladar al representante legal de los trabajadores una previsión anual de uso de estos contratos.
En este sentido, y en referencia a la temporalidad de las diferentes campañas del sector agroalimentario, los expertos laboralistas han corroborado que el contrato fijo-discontinuo será el que se deba realizar por defecto en trabajos estacionales o vinculados a actividades productivas de temporada.
En cuanto a los contratos temporales realizados antes de la aplicación de la norma de contratación, aquellos de obra y servicio o los eventuales realizados entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, se regirán por la normativa vigente en el momento en el que fueron realizados. Sin embargo, no podrán durar más de seis meses.
Otro de los aspectos que regula la normativa y que se han tratado en el webinar ha sido la negociación colectiva. Por un lado, se recupera la “ultraactividad indefinida”, es decir, que se mantendrá el convenio colectivo si, transcurrido el proceso de negociación, no se ha llegado a ningún acuerdo. Además se elimina la prevalencia del convenio de empresa a la hora de fijar la retribución del trabajador.
Tras la ponencia, los abogados han contestado a numerosas preguntas formuladas por los asistentes y moderadas por Elvira Espinosa Portero, responsable del Departamento Jurídico de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Sanciones, tramitación de contratos, periodos de prueba, duración máxima de los diferentes tipos de contratos o prórrogas de los contratos vigentes han sido algunas de las cuestiones aclaradas en el seminario. Durante la clausura de la jornada, la responsable del Departamento Jurídico ha recordado que la federación se pone a disposición de todos sus asociados para seguir resolviendo cuestiones relacionadas con el Real Decreto.
Ante la crisis de precios que atraviesa el sector citrícola y sus graves repercusiones para los agricultores y ganaderos de Andalucía, las asociaciones representativas del campo andaluz y del sector productor de los cítricos: ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, Asociafruit, Palmanaranja y la Asociación de Citricultores de Huelva han mantenido un encuentro hoy en Sevilla para analizar la situación del sector citrícola andaluz y avanzar, de manera conjunta en la búsqueda de soluciones.
Dada la magnitud de los retos y la imposibilidad de afrontarlos en solitario, las citadas organizaciones, representantes del sector citrícola andaluz, han constituido hoy en Sevilla la Mesa de los Cítricos de Andalucía, un grupo de trabajo que supone un primer paso para trabajar conjuntamente, desde el primer eslabón, en defensa del sector citrícola andaluz y poder hacer frente a las amenazas que sufre este sector a todos los niveles.
El problema más grave y el que ha desencadenado este encuentro es la grave crisis que atraviesa el sector productor andaluz, con precios en origen por debajo de 0,13 euros/Kg. Un precio que no cubre siquiera los costes de producción y que ha ido a la baja desde la primera semana de campaña. Sin embargo, el consumidor no se ha beneficiado de este hundimiento del precio en origen, pues sigue pagando por el kilo de naranjas entre 1 y 2 euros. Así, cuando estamos iniciando la segunda parte de la campaña de recolección aún queda en el campo mucha naranja navelina que no ha encontrado hueco en el mercado ante el tapón provocado por la entrada de miles de toneladas de naranja “vieja” de Sudáfrica, que es a la que las cadenas de supermercados han dado preferencia.
Tal como denuncia la Mesa de los Cítricos, supone una aberración que va contra toda lógica que las grandes cadenas de supermercados vendan en España o en Europa naranjas recolectadas hace dos o tres meses a más de 8.000 kilómetros de distancia, cuando tenemos aquí en Andalucía la mejor naranja del mundo. Por ello, la primera llamada de atención de la Mesa andaluza de los Cítricos va dirigida al consumidor, para que mire las etiquetas y de preferencia a la naranja española, de mucha más garantía y mejor calidad, puesto que la naranja española cumple unos estándares sociales, laborales y medioambientales con los que no cumple la naranja que se produce fuera de la Unión Europea.
El sector de los cítricos es estratégico para toda Andalucía. De hecho, la producción citrícola andaluza continúa en progresión, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, en las que el sector está en clara regresión. El aforo de la Consejería de Agricultura para la presente campaña estima que la cosecha alcanzará 2,4 millones de toneladas (casi un 3% más que en la campaña anterior), de los que el 70% se corresponde con naranjas (1.692.631 toneladas), un 23% con mandarinas (556.556 toneladas) y un 5% (111.795 toneladas) con limones. Por provincias, Sevilla lidera la producción andaluza, con 952.200 toneladas, seguida de Huelva (612.000 toneladas) y Córdoba (364.000 toneladas).
La producción de cítricos en Andalucía alcanzó en 2020 un valor de 947 millones de euros. Se trata de una fruta muy apreciada en los mercados exteriores, y con una clara vocación exportadora. Así, en 2020-2021 se exportó el 15,2% de la producción (356.000 toneladas) citrícola, valorada en 308 millones de euros. El sector citrícola andaluz genera 7,85 millones de jornales, de los cuales, cinco millones corresponderían a las labores de producción y el resto a centrales hortofrutícolas.
Cooperativas Agro-alimentarias de Cádiz, junto a las organizaciones ASAJA, COAG y UPA se han reunido hoy con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, a quien le han trasladado sus reivindicaciones y le han reclamado su mediación ante las administraciones con competencia sobre el sector agrario gaditano para que articulen medidas que salvaguarden la viabilidad de las explotaciones de la provincia.
Organizaciones agrarias y cooperativas le han expuesto al representante del Gobierno en Cádiz los principales problemas que merman la competitividad de las producciones agrarias de la provincia, como el impacto del Plan Estratégico de la PAC, el efecto del incremento de los costes de producción, las obsoletas medidas fiscales o el incumplimiento de los acuerdos de reciprocidad con países terceros, entre otros.
En relación al Plan Estratégico de la PAC, el sector agrario gaditano ha mostrado a José Antonio Pacheco su preocupación por los recortes que provocará en la renta de los agricultores y los ganaderos la aplicación de la hoja de ruta de Luis Planas, ya que se producirá un trasvase de presupuesto de la provincia a otras menos productivas. Por un lado, la reducción de regiones –de las 50 actuales a 20- se traducirá en pérdidas en prácticamente todas las zonas productivas de Cádiz, pero mermará especialmente las comarcas de la Costa Noroeste, el Bajo Guadalete, la Campiña, La Janda, la Sierra y el Campo de Gibraltar; sin olvidar que este cambio obvia por completo la diversidad productiva de la provincia. Por otro lado, el nuevo sistema de ecoesquemas, del que depende el 25% del presupuesto, tampoco recoge la citada diversidad y se excede de las exigencias dispuestas por la Unión Europea.
La negociación del plan español de la PAC se ha desarrollado en un marco especialmente complejo para agricultores y ganaderos, que en los últimos meses son testigos de la indiscriminada subida de los costes de producción. Como le han explicado al subdelegado del Gobierno, en el último año los piensos para el ganado se han encarecido en más de un 30%, las semillas cuestan un 20% más, los abonos han subido un 150%, el agua es un 33% más cara, por no olvidar el incremento del gasoil de un 73%, el repunte del 270% de la energía eléctrica, que el aumento de los costes laborales merma la rentabilidad de las explotaciones y que el encarecimiento de la manipulación de las producciones y la logística compromete la competitividad en un mercado globalizado. Todo ello, en un contexto en el que los precios en origen están estancados, se traduce en la nula viabilidad de la mayoría de los sectores de la provincia, que arrastran una situación crítica desde antes del confinamiento por el Covid-19, como han señalado las cuatro organizaciones.
Los representantes del campo gaditano también han expuesto el efecto pernicioso que tienen las crecientes importaciones de países terceros y los constantes incumplimientos de los acuerdos que no cumplen la reciprocidad. Agricultores y ganaderos no entienden que la Unión Europea disponga una normativa muy exigente en todos los órdenes para los productores comunitarios mientras permite la entrada indiscriminada de productos de terceros países, con menores costes de producción y normas medioambientales laxas. Asimismo, han señalado que la coincidencia temporal de esas importaciones con la recolección de las cosechas de la provincia tira por tierra los inmensos esfuerzos que cada año realizan los agricultores gaditanos.
Por otro lado, las cuatros organizaciones han indicado la excesiva presión fiscal a la que están sometidos agricultores y ganaderos. Como han indicado, los índices y los tipos que se aplican se establecieron hace años, en un contexto económico distinto al actual, por lo que a juicio de organizaciones agrarias y cooperativas es necesaria una revisión de los mismos para que la fiscalidad se adecúe a la verdadera capacidad contributiva de los distintos sectores.
Organizaciones agrarias y cooperativas han aprovechado el encuentro para mostrarle al representante del Gobierno en la provincia su indignación ante las recientes declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad da ciertas exportaciones de la carne producida en España. Para los representantes del campo gaditano es muy preocupante que el mensaje que finalmente llegue a los países compradores de carne española sea que la producción cárnica española es de baja calidad. Por ello, han pedido al subdelegado que traslade de manera enérgica las quejas de los ganaderos de Cádiz al presidente del Gobierno y al Ejecutivo en su conjunto, para que tome en consideración la pública rectificación de las manifestaciones.
Para sostener todos sus argumentos, los representantes de las cuatro organizaciones –Pedro Gallardo, presidente de ASAJA-Cádiz; Miguel Pérez, secretario general de COAG-Cádiz; Azucena González, secretaria general de UPA-Cádiz; y José Antonio Vega, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Cádiz- han entregado al subdelegado del Gobierno un bodegón de alimentos producidos en Cádiz para que defienda con total conocimiento la calidad y la seguridad de las producciones de la provincia. En la muestra había frutas y hortalizas, aceite de oliva, leche o leguminosas, entre otros.
Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, e Infaoliva convocan un paro agrario en Jaén el próximo 20 de enero contra las cuantiosas pérdidas de la PAC, a lo que se unen los costes de producción. De hecho, la nueva PAC en Jaén será una auténtica catástrofe, ya que hay agricultores y ganaderos que perderán ayudas en comarcas como La Loma, Cazorla, Segura y el Condado.
Representantes de las cinco entidades han comparecido esta mañana en rueda de prensa, celebrada ante la Subdelegación del Gobierno de Jaén al aire libre para cumplir las medidas anti Covid, para hacer un llamamiento a toda la sociedad jiennense y a todos los olivareros y agricultores en general para que secunden el paro y se concentren a las puertas de las cooperativas y almazaras de la provincia el día 20 de enero entre las 10:00 y las 12:00 horas.
Las organizaciones han optado por un paro agrario y concentraciones ante las cooperativas y almazaras obligadas por la situación sanitaria actual que ha dado lugar también a la desconvocatoria de la gran manifestación de Sevilla y al aplazamiento de grandes manifestaciones como estaban previstas.
El gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Antonio Guzmán, ha hecho un llamamiento para que el sector cooperativo secunde el paro del 20 de enero. Ha argüido dos razones: la pérdida de ayudas por la nueva PAC y el incremento de los costes de producción. Al respecto ha resaltado el incremento del 150 % del precio de la electricidad. También ha aludido a la subida de los carburantes y los fitosanitarios. Guzmán ha advertido, además, que la situación actual frena el relevo generacional en el campo y ha aclarado que es un sector primordial, como ha quedado demostrado en el marco de la pandemia de coronavirus.
Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA, ha afirmado: «Hemos tenido que hacer algo muy mal para que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros margine así al sector primario de Jaén. La ministra de Transición Ecológica con el agua, ya que a través del borrador del nuevo Plan Hidrológico nos deja sin opciones para garantizarla; con el de Agricultura será la primera vez que en una negociación de la PAC salga dinero de la provincia, lo que afectará a las comarcas más deprimidas; las declaraciones del de Consumo afectan sobremanera a Jaén, donde el 50% de la superficie tiene vocación forestal y por tanto ganadera, y para rematar la ministra de Trabajo nos sube el SMI y olvida con la reforma laboral que las faenas agrícolas son circunstanciales.
El secretario general de COAG Jaén ha justificado el paro agrario para protestar por una reforma de la PAC que «se está haciendo en contra de la agricultura profesional, en contra de la Ley de Modernización de Explotaciones prioritarias, algo que es ilegal y que por lo que estamos estudiando emprender acciones legales. Una reforma en la que la provincia de Jaén pierde entre 60 y 80 millones de euros en las ayudas. Estamos hablando de familias en la zona de La Loma que pueden perder un 50%, familias de zonas productivas olivareras de la sierra que pueden perder entre el 30 y el 40%, y estamos hablando de jóvenes que se han incorporado a la agricultura que también pierden”.
El vicesecretario general de UPA Jaén, Elio Sánchez, ha reclamado a las administraciones medidas «para paliar el incremento de los costes de producción y el aumento de los precios para los consumidores, porque esa parte no repercute en los agricultores y en los ganaderos, que no ven la diferencia; para controlar las importaciones con la revisión de los tratados con terceros países, la aplicación del principio de reciprocidad y de preferencia comunitaria; y para apostar por los jóvenes, por el relevo generacional en el campo. Hay motivos suficientes para que el día 20 paremos los tajos, la actividad agraria y nos concentremos en las cooperativas y almazaras de nuestra provincia».
Manuel Alfonso Torres, presidente de Infaoliva, ha hecho un llamamiento a todo el sector de la provincia y a todos los ciudadanos de cada uno de los municipios jiennenses. «El sector representa el 19% del PIB de Jaén, con más de 100.000 agricultores y más de 5.000 trabajadores directos en las almazaras, junto a otros 7.000 indirectos. Es la economía jiennense de la que estamos hablando. El día 20, de 10 a 12, queremos que nos apoyen en la puerta de todas las almazaras. Nos estamos jugando 80 millones de euros que van a faltar en la provincia de Jaén por la reforma de la PAC, y que afectarán en distintos aspectos como el consumo o las inversiones».
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía organiza una webinar titulada “Reforma Laboral”, el próximo día 18 de enero, en la que repasaremos los cambios legislativos que afectan al sector agroalimentario.
Esta jornada será inaugurada por José Agustín González Romo, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo y el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi. Contaremos con expertos de DELOITTE LEGAL
