Federación
Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias mantienen su convocatoria de movilizaciones indefinidas en el campo andaluz en contra de la convergencia brusca de la PAC. Así lo han manifestado a la conclusión del encuentro que han mantenido hoy, seis meses después de que lo solicitaran, con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para analizar el Real Decreto de transición 41/2021 para los años 2021 y 2022 y la propuesta para la reforma de la PAC 2023-2027.
Se trata de dos asuntos de enorme trascendencia para el futuro de Andalucía, primera región agraria de España, en la que se hallan el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, dando empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza (más del doble que la media nacional).
En el encuentro, los dirigentes de las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía han pedido al ministro que retire el Real Decreto de transición 41/2021, que no mantiene la convergencia paulatina de las ayudas establecida en la reforma de la PAC 2014-2020, que continúa en vigor hasta que no se negocie y se apruebe la nueva reforma.
Esta fue la tesis que los representantes de ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía trasladaron al ministro Planas el pasado 9 de octubre, tras conocer el borrador de Real Decreto de transición 41/2021 que fijaba una convergencia brusca de la PAC para un periodo que por su propia definición es transitorio, por lo que no cabe introducir cambios, ni fijar nuevos porcentajes de convergencia.
Esta convergencia brusca para los años 2021 y 2022 es tremendamente dañina para Andalucía. En concreto, de los 232.000 agricultores y ganaderos andaluces que reciben ayudas de la PAC en la actualidad, 80.000 perderán, al menos, un 10% en dos años. Además, la mitad de ellos, unos 40.000, sufrirán mermas de entre el 20% y el 50%.
Por otro lado, el Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de España y de Andalucía) a las 5 o 7 que prevé el Ministerio, que impulsa un modelo de tasa plana que persigue eliminar los derechos nominativos de los agricultores y permitir la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.
Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, y que en el peor de los escenarios puede conllevar pérdidas de hasta el 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (entre pago básico y pago verde) los más de 232.000 perceptores de Andalucía. Sin olvidar que entre 54.000 y 120.000 de esos perceptores pueden quedar fuera del sistema de ayudas.
Las pérdidas afectan en mayor medida a aquellos profesionales que más han invertido -en regadío, tecnología, maquinaria, mejora de explotaciones y/o formación- y que son los que han generado unos derechos más altos.
Todos estos desajustes se producen en un contexto en el que siguen sin solución la mayor parte de los problemas que hace ahora un año llevaron al sector agrario a las carreteras. Tal como denuncian las organizaciones los agricultores y ganaderos siguen sin contar con las medidas que les permitan reducir sus costes, siguen con los precios de sus producciones por los suelos, siguen soportando la especulación y la falta de equilibrio de la cadena agroalimentaria así como la competencia desleal derivada de la entrada de productos de terceros países sin ningún control. Y además están sufriendo, cada vez con mayor frecuencia, ataques continuos e injustificados hacia su actividad.
Las organizaciones firmantes rechazan el Real Decreto 41/2021 de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos en Andalucía y porque determina claramente las negociaciones de cara a la nueva PAC, y por tanto, han vuelto a solicitar hoy al Ministerio de Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el periodo actual.
Asimismo, y de cara a la nueva PAC de 2023, han exigido al Ministerio de Agricultura que respete el modelo actual, con el mayor número de regiones posible (lo que refleja nuestra diversidad productiva); que evite la eliminación de derechos; que reformule la redacción de la definición de agricultor genuino, para evitar la expulsión de muchos agricultores y ganaderos del campo, y por último, que adecue los nuevos ecoesquemas a la realidad productiva para frenar una mayor pérdida de renta de los agricultores y ganaderos.
Así lo han manifestado de forma unánime Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Andalucía; Miguel López, secretario general de COAG-Andalucía; y Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
Los representantes de las organizaciones representativas del sector agrario en Andalucía han reiterado la convocatoria indefinida de movilizaciones que, tras las ya celebradas en Jerez de la Frontera y Córdoba, continúa mañana con una concentración ante la subdelegación de Gobierno de Málaga, y el próximo 15 de abril con otra concentración en la Plaza de España de Sevilla; y mientras todo siga igual, tras esta, llegarán otras en el resto de Andalucía. Los agricultores y ganaderos andaluces no están dispuestos a permitir ningún otro atropello.
Federación
Desde el inicio de la pandemia la cadena de valor del gran consumo fue declarada como sector esencial, dada la necesidad de abastecer de alimentos y productos de primera necesidad al conjunto de la población del país y de Andalucía. Por ello, tras el reciente anuncio por parte de las Administraciones de un ambicioso calendario de vacunación, las organizaciones que representan al conjunto de la cadena de valor del gran consumo en Andalucía -CAEA, ANGED, ACES, Cooperativas Agro-Alimentarias y LANDALUZ- recuerdan a la Junta de Andalucía que, de acuerdo a ese carácter de esencialidad, es imprescindible que sus profesionales tengan un acceso prioritario al plan de vacunación, ahora que el suministro masivo de vacunas parece estar garantizado. En idéntico sentido se han posicionado esta misma mañana las organizaciones del sector a nivel nacional AECOC, ASEDAS, FIAB, ANGED, ACES y Cooperativas Agro-Alimentarias de España.
En un contexto de escasez de vacunas, el sector se ha mantenido pacientemente a la espera, dado que era lógico que se priorizase a otros colectivos en función de criterios de riesgo o de edad. Pero, tras el anuncio de que nuestro país recibirá 38 millones de vacunas durante este trimestre, las organizaciones creen que ha llegado el momento de proteger a las personas que trabajan en la cadena de valor (sector primario, industria y distribución) del gran consumo en Andalucía.
Se trata de mantener una postura coherente con lo declarado desde el inicio de la crisis sanitaria y también de garantizar el pleno funcionamiento de servicios esenciales en los que el teletrabajo -que se puede aplicar en otros sectores- no es posible, puesto que, en la mayoría de los casos, exigen presencia física para ser desarrollados.
Es imprescindible, por tanto, que, en ese calendario de vacunación que está diseñando la Junta de Andalucía, se considere el carácter esencial del sector del gran consumo en su conjunto, así como la presencialidad que obligatoriamente exigen buena parte de sus puestos de trabajo, en especial en la distribución y el comercio esencial de alimentación, droguería, perfumería, higiene personal y del hogar, para adelantar el proceso de inmunización.
En este contexto, las empresas del sector recuerdan su ofrecimiento de colaborar con el sistema público de salud, poniendo a disposición todos sus medios disponibles para tratar de contribuir a agilizar el proceso de vacunación y conseguir lo antes posible los altos porcentajes de “inmunización”. No hay que olvidar que acortar al máximo el tiempo de vacunación es clave para conseguir la inmunidad de “rebaño” que permita recuperar cuanto antes la actividad económica y social del país y de Andalucía.
Sólo ganar velocidad nos va a permitir frenar antes la crisis sanitaria y minimizar su impacto económico, por lo que las empresas ofrecen a la Junta de Andalucía un plan de apoyo para la administración de las vacunas por varias vías:
• A través de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Con este modelo las mutuas podrían vacunar a los cerca de 18 millones de trabajadores a los que actualmente ya dan cobertura y esto facilitaría la participación en la estrategia de empresas de todos los tamaños.
• A través de los servicios sanitarios de las empresas. Las empresas que dispongan de servicios sanitarios pueden ponerlos a disposición para colaborar en la vacunación de los trabajadores, aliviando el sistema público con un recurso ya existente.
• Mediante la contratación voluntaria de los medios externos necesarios para vacunar a sus trabajadores. De esta forma las empresas facilitan la vacunación de su personal, al tiempo que descongestionan los servicios públicos de salud.
Es importante destacar que buena parte de las compañías del sector disponen de gran número de centros repartidos por todo el país para poder vacunar y que también las cooperativas agro-alimentarias pueden contribuir notablemente a dotar al plan de la capilaridad necesaria para que ningún colectivo o zona quede relegada en el plan de vacunación.
Asimismo, algunas empresas del sector disponen de experiencia previa en grandes campañas anuales de vacunación, por lo que pueden acreditar su solvencia técnica para colaborar en el plan con las autoridades sanitarias.
Por ello, las organizaciones del sector consideran que el papel de las empresas es vital para sumar recursos al sistema público de cara a salvaguardar la salud del mayor número posible de personas y evitar costes innecesarios que permitan avanzar en recuperación social y económica del país y de Andalucía, siempre bajo la tutela de las administraciones que gestionan el plan de vacunación.
En cualquier caso, y sea cual sea el modelo escogido, en la cadena de valor del gran consumo los planes de vacunación deberían realizarse en estrecha colaboración con las empresas, a los efectos de poder adaptarlas a las circunstancias de los distintos centros de trabajo y poder gestionar adecuadamente las posibles bajas e incidencias de cara a poder mantener y garantizar el buen servicio al consumidor y al conjunto de la sociedad.
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PAC, Sevilla
Las organizaciones representativas del sector agrario de Sevilla -ASAJA-Sevilla, COAG Sevilla, UPA Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla- convocan a los agricultores y ganaderos sevillanos a participar en la concentración que celebrarán en la plaza de España de Sevilla el próximo 15 de abril en contra de la convergencia brusca de la PAC.
Las organizaciones convocantes piden la retirada del Real Decreto 41/2021 de Convergencia de la PAC para 2021 y 2022, por el que 80.000 agricultores andaluces perderán al menos un 10% de sus ayudas de la PAC en dos años, y la mitad de ellos, 40.000, sufrirán pérdidas de entre el 20% y el 50% de los importes; y en el caso concreto de la provincia de Sevilla el 60,5% de los agricultores verán reducidos sus importes. De ellos, 9.200 perderán más de un 10% y en torno a 3.900 perderán por encima del 20%.
El Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de España y de Andalucía) a las 5 o 7 que prevé el Ministerio, que impulsa un modelo de tasa plana que persigue eliminar los derechos nominativos de los agricultores y permitir la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.
Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, y que en el peor de los escenarios puede conllevar pérdidas de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (entre pago básico y pago verde) los más de 232.000 perceptores de Andalucía. Sin olvidar que entre 54.000 y 120.000 de esos perceptores pueden quedar fuera del sistema de ayudas. En la provincia de Sevilla los efectos de este brusco giro provocarían pérdidas de más de 180 millones de euros.
Las pérdidas afectan en mayor medida a aquellos profesionales que más han invertido -en regadío, tecnología, maquinaria, mejora de explotaciones y/o formación- y que son los que han generado unos derechos más altos.
La propuesta es muy perjudicial para la primera región agraria de España, en la que se hallan el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, y en la que este sector da empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza (más del doble que la media nacional).
Todos estos desajustes se producen en un contexto en el que siguen sin solución la mayor parte de los problemas que hace ahora un año llevaron al sector agrario a las carreteras. Tal como denuncian las organizaciones convocantes los agricultores y ganaderos siguen sin contar con las medidas que les permitan reducir sus costes, siguen con los precios de sus producciones por los suelos, siguen soportando la especulación y la falta de equilibrio de la cadena agroalimentaria así como la competencia desleal derivada de la entrada de productos de terceros países sin ningún control. Y además están sufriendo, cada vez con mayor frecuencia, ataques continuos e injustificados hacia su actividad.
Las organizaciones agrarias convocantes de esta movilización en Sevilla rechazan el Real Decreto 41/2021 de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos en Andalucía y en Sevilla, y porque determina claramente las negociaciones de cara a la nueva PAC, y por tanto, solicitan al Ministerio de Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el periodo actual.
Los convocantes exigen que, de cara a la nueva PAC de 2023, el Ministerio de Agricultura respete el modelo actual con el mayor número de regiones posible (lo que refleja nuestra diversidad productiva), evite la eliminación de derechos, reformule la redacción de la definición de agricultor genuino, para evitar la expulsión de muchos agricultores y ganaderos del campo, y por último, adecue los nuevos ecoesquemas a la realidad productiva para frenar una mayor pérdida de renta de los agricultores y ganaderos.
La concentración que se celebrará el próximo 15 de abril en Sevilla se enmarca en la campaña indefinida de movilizaciones convocada el pasado marzo por las organizaciones representativas del sector agrario andaluz, y será la cuarta que tenga lugar tras las dos celebradas ya en Jerez y Córdoba y la anunciada para el viernes 9 de abril en Málaga.
