Cumplido un mes desde el inicio de la acampada de los regantes frente a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Huelva, la federación alerta de que la problemática del agua en los regadíos del Condado dista mucho de resolverse. En este sentido, la Administración continúa sin ofrecer una regulación administrativa y jurídica, en línea con los compromisos políticos adquiridos en 2004.
Dicha regulación permitiría a miles de agricultores seguir desarrollando su actividad, al tiempo que generando riqueza y empleo en términos municipales que viven fundamentalmente de la agricultura.
Son varios los temas que continúan, a fecha de hoy, encallados. Por un lado, está pendiente de rematarse el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos, para el que no se precisa inversión económica, pues los agricultores ya realizaron los desembolsos pertinentes a fin de poder traer agua de una cuenca excedentaria, como es la del Tinto-Odiel-Piedras. En la actualidad, 222 hectáreas, excluidas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), continúan sin recibir agua, si bien es cierto que la Junta de Andalucía remitió hace unos días el informe al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que es el organismo que ahora debe responder. Su visto bueno supondría enormes ventajas para la agricultura de la zona, que pasan por la disponibilidad de agua superficial y el cierre de 130 pozos.
Otra problemática tiene que ver directamente con la tierra y con el recorte de más de 1.500 hectáreas, sobre una superficie inicial aprobada de 9.340 en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte de Doñana. Los municipios de Lucena del Puerto, Moguer, Almonte, Bonares y Rociana, eminentemente agrícolas, son los pueblos afectados por esta reducción, justificada ahora, en parte por la aplicación de la Ley Forestal de 1992, cuando los agricultores venían pagando de forma continuada el canon agrícola a los ayuntamientos desde los años cincuenta y la actividad en la zona se remonta, en algunos casos, a principios del siglo pasado. Para Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva se trata de una situación injusta derivada de la falta de un estudio detallado de la cartografía y de las situaciones históricas de los agricultores y sus antepasados. Asimismo, la federación subraya que la superficie afectada supone menos de un 1% del entorno de Doñana, con más de 300.000 hectáreas repartidas por las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, por lo que su mantenimiento, bajo prácticas totalmente respetuosas con el medio ambiente, no supone una amenaza para uno de los ecosistemas más valiosos y ricos de Andalucía.
Por último, y retomando el agua, Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva resalta que existe un consenso general, tanto en el sector, como en la sociedad y otras organizaciones involucradas, en torno al origen superficial que debe tener el agua de uso agrícola en la zona. De hecho, recuerda que, gracias al trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos, ya se han cerrado 260 pozos y que la solución definitiva pasa por una derivación de 15 hectómetros cúbicos desde la cuenca antes mencionada, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la cual ha dado su conformidad en el Plan Hidrológico. El trasvase, que daría soluciones de futuro a 1.500 familias del Condado, de las que dependen 40.000 puestos de trabajo en la comarca, supone un 0,9% de la capacidad total de los embalses en la provincia de Huelva que, según el último dato actualizado del MAPAMA, están por encima del 85% y superan considerablemente el registro de hace una década.
En consecuencia, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, organización miembro de de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, se defiende a los agricultores acampados frente a la Delegación de Medio Ambiente, así como a todos aquellos afectados por la falta de soluciones reales y de futuro por parte de la Administración. Igualmente, la federación subraya que la concienciación medioambiental del sector, el cual produce bajo técnicas respetuosas con el medio ambiente, y pone el acento en la necesidad de conjugar agricultura y respeto al medio natural, sin poner en peligro la viabilidad económica de las explotaciones, de las cooperativas que dependen de su actividad y de los términos municipales que subsisten y crecen, desde tiempo inmemorial, gracias a la agricultura.
