Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla ha hecho hoy balance del ejercicio agrario y comercial en su Asamblea General, en un encuentro que ha vuelto a reunir de forma presencial a representantes de las 84 entidades federadas en la provincia. El lugar escogido para retomar esta cita anual de la economía social agraria sevillana ha sido la cooperativa Productores del Campo, de Alcalá del Río.
Las cooperativas agroalimentarias sevillanas han demostrado un ejercicio más que son “fuente generadora de importantes recursos económicos, que generan riqueza y fijan población a los territorios”, ha asegurado el presidente de la federación sevillana durante la inauguración del encuentro, Francisco J. Bernal. Así lo avala el incremento de la facturación de las cooperativas de la provincia en la última década: de 625 millones de euros en 2010 han pasado a registrar un volumen negocio de 761 millones de euros.
Y todo ello en un contexto en el que “la sequía y la falta de dotación de agua para los cultivos, el desorbitado aumento de los costes de producción y una reforma de la PAC que mermará notablemente los ingresos actuales y amenaza la viabilidad de las empresas y explotaciones agrarias”. Una coyuntura que ha obligado al campo sevillano y al andaluz “a salir a la calle y mantener un calendario de movilizaciones abierto, que sin duda en 2022 se verá incrementado con nuevas reivindicaciones a nivel provincial”, ha recalcado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, quien ha estado acompañado en la inauguración por la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, María Isabel Solís.
En relación al impacto que tendrá el Plan Estratégico Nacional de la PAC en el territorio hispalense, Francisco J. Bernal ha recordado que Sevilla es “la provincia que por la variedad agronómica que le caracteriza, el empleo agrario que genera y la importancia socioeconómica que tiene la actividad agroalimentaria, no puede ser considerada como una más de este país”. Según los cálculos de la organización, más del 60% de los productores sevillanos sufrirá un descenso en sus ingresos de en torno al 20%. Por ello, aprovechando la presencia de la representante de la Junta de Andalucía, ha pedido “una Administración aliada, que valore la importancia de la actividad agraria y que apueste por ella, ayudándola en sus necesidades y defendiendo sus intereses a nivel estatal, europeo y ante terceros países”.
Por su parte, la titular de Empleo ha cogido el guante y ha garantizado el apoyo del Gobierno andaluz ante los grandes desafíos que afronta el sector agroalimentario y ha apostado por continuar respaldando la digitalización del sector para que no pierda competitividad, “con medidas como las ayudas a la modernización digital para autónomos y empresas de economía social”. Asimismo, Rocío Blanco ha destacado la aprobación ayer en Consejo de Gobierno de dos nuevas medidas de apoyo “a las que pueden acogerse las cooperativas, como son los incentivos para facilitar su transición a una economía verde o digital, con ayudas de 4.500 por cada empleo mantenido en este proceso o por cada proyecto que se emprenda en esta dirección”.
Acto seguido, el gerente de la organización, Enrique Sanz, ha realizado una radiografía de las principales producciones agrícolas y ganaderas, cuya rentabilidad está comprometida por las fuertes subidas de la electricidad, el combustible y los insumos. El indiscriminado aumento de las importaciones de países terceros y la inmovilidad de los mercados –como en el caso de los cítricos-, el recorte de la dotación de agua que provocó en mayo manifestaciones de arroceros y que complica el desarrollo del cultivo del tomate de industria o la incertidumbre que hay de cara a la futura campaña de cultivos herbáceos por el encarecimiento de los insumos y los problemas de suministro de fertilizantes y semillas han sido algunos de los problemas destacados. Asimismo, el gerente ha señalado el problema que se le viene encima a los citricultores sevillanos ante los cambios que se van a producir en las coberturas y garantías del seguro de este cultivo.
En cambio, el olivar es uno de los sectores que más beneficiado ha salido en el último ejercicio. Primero, por el incremento de la superficie. Segundo, por el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y la Administración de Estados Unidos para suspender por un periodo de cinco años los aranceles impuestos al aceite de oliva, los cítricos y la aceituna verde. No obstante, queda pendiente la retirada de los aranceles antidumping y antisubvención a la aceituna negra, cuya legalidad ha sido puesta en entredicho por la Organización Mundial del Comercio. El sector de las frutas y hortalizas es otro de los que mantiene la estabilidad, gracias al régimen de ayudas de los Programas Operativos. Asimismo, cuatro cooperativas federadas participan en el PERTE agroalimentario, partida destinada a proyectos de recuperación y transformación económica.
Enrique Sanz se ha detenido en la tramitación de las ayudas PAC, que estuvo marcada por la complejidad en la resolución de incidencias ante “la falta de interlocutores directos en la Administración” y “la descomunal carga de trabajo” a causa de los mayores requisitos exigidos a los beneficiarios. Si bien la campaña se saldó con 28.732 expedientes tramitados por los técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias, el 49,3% de las solicitudes gestionadas en la provincia.
Asimismo, el gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla ha presentado la memoria anual de actividades, en la que ha destacado la labor de información, asesoramiento, defensa, servicios y seguros que desarrolla la organización. Se ha referido, igualmente, al trabajo que hace la federación en materia de formación, en relación al impulso de la igualdad de oportunidades, el fomento de la I+D+i en campo y en las cooperativas, así como a la promoción del desarrollo rural, mediante su participación en seis Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia.
Antes de finalizar la Asamblea General, la Fundación Prode, que trabaja con personas con discapacidad intelectual y con personas en riesgo de exclusión social, ha ofrecido una ponencia sobre la inclusión laboral de esta población. El presidente de la entidad, Blas García, ha expuesto el trabajo de asesoramiento a empresas que hace la fundación y ha ahondado en las implicaciones de la Ley General de Discapacidad, en la que se recoge que las empresas con más de 50 trabajadores deben contar con un 2% de la plantilla con algún grado de discapacidad reconocida. El encuentro ha finalizado con el compromiso de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla de estar en primera línea, “defendiendo los intereses de los agricultores, los ganaderos y las cooperativas” de la provincia.
