La asamblea sectorial de olivar de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada traslada su máxima preocupación por la evolución de la crisis de rentabilidad y el anuncio de nuevos aranceles al aceite de oliva que amenazan gravemente el futuro del olivar tradicional, cultivo esencial para la economía agraria granadina, andaluza y española.
Desde el año 2019, el sector del aceite de oliva sufre una de sus crisis de rentabilidad más profundas debido a los precios en origen ruinosos que perciben los productores, quienes no llegan a cubrir los costes en sus explotaciones. Los efectos de los bajos precios en origen se agudizan en las explotaciones de olivar tradicional, mayoritarias nivel a español, andaluz y granadino, donde este cultivo tradicional representa el 70% de la superficie y el 56% de la producción totales.
Históricamente, las condiciones orográficas y ambientales de las zonas productoras han favorecido el desarrollo del olivar tradicional, con una relevancia socioeconómica y medioambiental imprescindible para miles de explotaciones, familias y pueblos viven de este cultivo. Los elevados costes de producción, unidos a problemáticas como los aranceles impuestos a las exportaciones españolas y la competencia desleal de las importaciones de terceros países, dificultan la sostenibilidad de este cultivo tradicional que convive con el avance de producciones intensivas y super intensivas en los últimos años.
Esta federación provincial une a 47 cooperativas oleícolas, formadas por 32.000 olivareros, que operan en unos 70 municipios granadinos donde más de 60.000 familias están vinculadas a este cultivo.
Después de meses de movilizaciones, descontento generalizado de los productores y empeoramiento de su situación económica, las cooperativas olivareras granadinas reclaman: la defensa contundente del futuro del olivar tradicional, a partir de la alianza de cooperativas, productores e instituciones de todos los territorios afectados.
MEDIDAS URGENTES
1.- La PAC post 2020 debe garantizar el futuro del olivar tradicional.
La PAC post 2020 debe ser eficaz en el impulso de medidas que garanticen la competitividad del olivar tradicional, reconociendo su valor social, económico y ambiental. Para ello, se solicita un presupuesto adecuado y una redistribución de las ayudas que mejore el posicionamiento en el mercado y ayude a obtener una rentabilidad sostenible, limitando y llegando a anular las ayudas para aquellos olivares intensivos y superintensivos que ya son rentables sin necesidad de ayudas.
2.- Retirada de los aranceles impuestos al aceite de oliva español.
El aceite de oliva ha sido uno de los grandes perjudicados por el conflicto internacional que llevó a Estados Unidos a imponer aranceles a productos agroalimentarios españoles. Se exige la retirada de estos aranceles.
3.- Control de las importaciones de terceros países y reciprocidad en la UE
La federación reclama un mayor control sobre las importaciones de aceite de oliva provenientes de terceros países, la aplicación del principio de preferencia así como la reciprocidad en el ámbito comunitario.
4.- Actualización de los precios de almacenamiento privado.
Se solicita la revisión y actualización de los precios establecidos para la activación del almacenamiento privado para conseguir la máxima eficacia del mismo.
5.- Reforzar las campañas de promoción del aceite de oliva.
La Federación provincial solicita que se intensifiquen las campañas de promoción del aceite de oliva español, a nivel nacional e internacional, con la finalidad de dar a conocer las bondades del producto, valores diferenciadores, así como las prácticas fraudulentas que terminan por perjudicar al sector en su conjunto.
6.- Adecuada gestión y regulación del consumo de agua en el cultivo de olivar tradicional.
Esta medida resulta necesaria para garantizar la disposición de recursos hídricos necesarios para los cultivos.
Todas estas medidas responden a un interés general del sector oleícola: Impulsar la competitividad y sostenibilidad del olivar tradicional español, cuya aportación alimentaria, económica, social, ambiental y territorial resulta imprescindible para el futuro de Europa, España, Andalucía y Granada.
