Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía celebró ayer un Consejo Sectorial de Aceite de Oliva en Mengíbar (Jaén), con participación presencial y también telemática de representantes de almazaras de toda la región. Entre los asuntos tratados en el encuentro, destacó el análisis del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas básicas para la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de Mercados (OCM). La propuesta, segunda que presenta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que se halla en período de consulta pública, recibió el rechazo de todas las cooperativas.
Precisamente, fue Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, durante meses, la principal demandante de la aplicación del artículo 167 en el sector del aceite de oliva, como método de autorregulación obligatoria aplicable al conjunto del sector, a fin de acomodar la oferta a la demanda y, con ello, evitar los precios por debajo de rentabilidad que sufre en las dos últimas campañas.
Sin embargo, y en opinión de la federación, el MAPA lo que propone es regular la producción más que el mercado. Además, establece para la aplicación obligatoria de la retirada de aceite unos umbrales irreales de producción y disponibilidades. Tanto es así que la medida, a pesar de no contar con financiación alguna, ni nacional ni comunitaria, no podría haberse aplicado en la campaña 2019-2020 en la que, por el contrario, la Comisión Europea sí ha permitido la activación del almacenamiento privado subvencionado por perturbación del mercado.
Según lo recogido en el texto del MAPA, para que en la próxima campaña 2020-2021 pudiera aplicarse la retirada obligatoria, el aforo oficial debería superar 1,65 millones de toneladas de aceite de oliva, una cifra que dista mucho de producción prevista y de los valores medios (en torno a 1,30 millones de toneladas), por lo que la norma nace ya muerta, perjudicando aún más al sector, víctima de la paradoja.
Otros aspecto, que no sintoniza con la propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias, es que el Ministerio decidiría en qué región o regiones de producción se aplicaría, así como a qué olivicultores y operadores, por lo que no se trataría de una medida obligatoria para el conjunto del sector, de modo que se producirían agravios comparativos entre unos y otros.
Igualmente, la federación se opone a regular los rendimientos de extracción de aceite y por hectárea, contrarios a los principios empresariales, tanto de productores como de cooperativas, unas medidas que serían difíciles de controlar pudiendo generar un mercado paralelo. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, defiende que, si lo que se pretende es apoyar el liderazgo del sector oleícola en el mundo, la receta de competitividad pasa por invertir en promoción y en comercialización, promover la concentración de la oferta, solucionar problemas como el de los aranceles de Estados Unidos (donde se venían comercializando más de 115.000 toneladas y donde el aceite español está siendo rotundamente desplazado), y seguir abriendo y afianzando mercados.
En consecuencia, desde el Consejo Sectorial de Aceite de Oliva se sigue insistiendo al Ministerio de Agricultura en la necesidad de dotar al sector de una norma que haga posible la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado en momentos de perturbación como el actual, de acuerdo a cifras reales de producción, pues el problema del sector oleícola español no es de oferta, sino de organización y de comercialización.
Coherente con este discurso, la federación continúa trabajando en el grupo de comercialización de graneles y, previamente a la reunión del Consejo Sectorial, mantuvo un encuentro con las cooperativas interesadas, con las que convino seguir trabajando para sacar adelante este proyecto, abierto al conjunto del sector oleícola nacional.
