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Las cooperativas piden al Congreso de los Diputados modificar el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena para no generar disfunciones en el mercado

En la mañana de hoy, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha celebrado el webinar ‘Aplicación de la Ley de la Cadena en las Cooperativas’, con participación de representantes políticos en el Congreso de los Diputados y el Senado, así como de máximos responsables de entidades cooperativas y un centenar de personas inscritas. En el acto de inauguración, han intervenido el presidente de la federación, Juan Rafael Leal Rubio, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo Díaz.

En su discurso, Juan Rafael Leal ha manifestado que desde Cooperativas Agro-alimentarias y, “en concreto, este presidente, no estamos en contra de la reforma de la ley”. “¿Cómo podríamos estar en contra de una ley que va en nuestro beneficio, en el de los agricultores y ganaderos, habiendo sido promotores de la Ley de 2013 para recortar las distancias entre los distintos eslabones”.

El presidente ha recalcado que las cooperativas “son las primeras defensoras de la norma y de vender siempre por encima de costes (…) pero la ley, tal y como está planteada, no se puede aplicar con garantías de éxito y genera muchas incertidumbres, por lo que el Consejo Rector de la federación ha aprobado encargar a un despacho de abogados el estudio de su validez jurídica”.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien ha calificado el proyecto de ley, así como la obligatoriedad de vender por encima de costes, establecida en el Real Decreto-Ley 5/2020, de “impracticable”. La titular del ramo ha pedido “regular bien estas cuestiones, para no generar disfunciones y conseguir lo contrario a lo pretendido”.

En su opinión, hay que poner el foco en otros aspectos como son revisar los acuerdos con países terceros; vigilar el cumplimiento de los contingentes; primar la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria; dotar al sector de mecanismos de mercado ambiciosos; actualizar los precios de retirada en frutas y hortalizas y los valores para el almacenamiento privado de aceite de oliva; e incluir a la distribución en las interprofesionales del sector, “en donde no pueden faltar”.

A continuación, ha tenido lugar la mesa redonda ‘Análisis de la norma. Aspectos clave’, en la que han debatido el portavoz de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva Betanzos (PSOE), y las diputadas y portavoces de la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos Ortega (PP) y Carmen Martínez Granados (Cs).

El senador Amaro Huelva ha explicado que era preciso reformar la Ley 12/2013 para adaptarla a la Directiva (UE) 2019/633, relativa a prácticas comerciales desleales, y que paralelamente “se ha pretendido cumplir un triple objetivo que es dotar de más transparencia a la cadena, equilibrar las relaciones entre los distintos eslabones, protegiendo al más débil, y lograr un entendimiento y espíritu de colaboración leal entre ellos”. Para ello, ha indicado que el proyecto amplía el catálogo de prácticas abusivas y los supuestos en los que hay que suscribir los contratos, haciéndolos extensibles a la compraventa con operadores de países comunitarios y terceros.

Al respecto, la diputada Milagros Marcos ha opinado que lo que se está consiguiendo con ello es “echar de los mercados al producto español” y ha añadido que, a fecha de hoy, “no se sabe cuáles son los criterios para establecer esos costes de producción ni quién los determina”, pese a ser uno de los artículos ya en vigor (artículo 12 ter.) por aplicación del Real Decreto-Ley 5/2020.

Por su parte, Carmen Martínez ha agregado que lo que hay que hacer es “aliviar los costes del sector productor para que pueda tener más margen y más poder negociador en la cadena, (…) y que una anomalía de la ley es, precisamente, que fomenta la competencia desleal”.

El análisis iniciado por los políticos ha continuado en la siguiente mesa redonda con los presidentes de Covap y Dcoop, Ricardo Delgado Vizcaíno y Antonio Luque Luque, respectivamente, y el director general de Unica Group, Enrique de los Ríos Porras. Bajo el título ‘Del papel al campo. Visión cooperativa’, los representantes de las principales entidades andaluzas han coincidido en que las cooperativas son las primeras defensoras del sector productor y, desde su conocimiento y experiencia, el Congreso de los Diputados debe modificar el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena, a fin de no generar males mayores.

“Donde está el caballo de batalla es en el coste efectivo de producción”, ha dicho Ricardo Delgado Vizcaíno. “Es una tremenda indefinición y genera incertidumbre e inseguridad jurídica”, ha añadido el presidente de la principal cooperativa ganadera de Andalucía.

“En nuestro grupo hay miles de agricultores y olivicultores cuyos costes varían entre 1 euro el kilo de aceite y cerca de los 3 euros”, ha explicado Antonio Luque. “¿Qué hacemos? ¿A qué precio de coste vendemos? Aplicarla nos genera graves problemas internos”. En consecuencia, el presidente del grupo cooperativo multisectorial ha advertido de que esta ley puede causar una mayor atomización de las cooperativas y, por tanto, del sector productor.

Enrique de los Ríos ha completado el análisis defendiendo que de lo que se tendría que hablar es de “rentabilidad plurianual sostenida” y que no vender, por no poder hacerlo por encima de costes, lo que provoca es “abrir la puerta a los competidores”. “Como empleados de los agricultores que somos nos guiamos por el principio de utilidad y esta ley no nos vale”. “Una ley ideal sería la que bloqueara la competencia desleal y los abusos”, ha concluido el director general del principal grupo comercializador de hortícolas.

El punto y final al webinar lo ha puesto la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro, que ha lamentado la poca participación que se ha dado a las comunidades autónomas en la redacción del proyecto de ley y se ha comprometido a seguir trabajando para conseguir su modificación en el trámite parlamentario.

 

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